Fue hace un año la ‘Cruzada’ que salvó a Chihuahua de la pedofilia

Esta semana se cumple un año en que un puñado de valientes familias chihuahuenses “tomaron” las instalaciones del Congreso del Estado y con su voz hicieron retumbar el recinto legislativo, poniendo un hasta aquí a la infinidad de absurdas iniciativas que venían presentando los diputados durante toda la legislatura, minando y destruyendo la célula básica de nuestra sociedad que es la estructura familiar, y colaborando en esa nefasta agenda internacional promotora de falsos derechos en detrimento de los verdaderos valores humanos.

A principios de este año (9 de enero), organizaciones como «Amnistia Internacional» festejaban el avance de las agendas LGBT (legalización del matrimonio homosexual en 123 países) y del aborto (67 países).

A últimas fechas, se ha venido esclareciendo que durante el año 2020 pretenden darle impulso a una de las corrientes más depravadas de los movimientos sexuales, tal es el caso de la pedofilia y la pederastia.

“MAP”, el movimiento pedófilo internacional enseña su pervertido rostro

Al difundirse a través de las redes sociales digitales la intensión de reconocer los retorcidos derechos del movimiento “MAP («Minor-attracted person» o “personas atraídas por menores” por sus siglas en inglés), se puede entender hacía donde iban encaminados los esfuerzos legislativos realizados durante los meses anteriores donde diputados de todas las fracciones parlamentarias -algunos quizá sin saberlo pero otros en franca complicidad-, proponían leyes y reformas aparentemente inofensivas o legítimas para abrirle paso a estas perversidades.

Crearon el «Derecho a la Autodeterminación y Libre Desarrollo de la Personalidad»

Fue así que en los congresos estatales de todo México se impuso “espontánea y simultáneamente” la necesidad de “armonizar” las leyes con la Federación para instaurar el llamado derecho a la “autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad” (presentada en Chihuahua por Blanca Gámez Gutiérrez de la nueva bancada del PAN el 6 de septiembre del 2018 y turnada a la Comisión de Derechos Humanos el 25 de abril del 2019).

Este aberrante movimiento se promueve a través de redes sociales como facebook.

Desde el principio esta iniciativa generó el temor de que se prestara a toda clase de abusos como la legalización del aborto, el uso de drogas y hasta la pedofilia, entre otras prácticas rechazadas por la sociedad chihuahuense.

En la CDMX en octubre del 2018 el diputado Temístocles Villanueva (MORENA) intentó penalizar entre 3 hasta 12 años de prisión a quien negara o anulara este nuevo “derecho”. Amparados en esto, en el Senado se inició una intensa campaña para promover la libre orientación sexual desde la niñez incluido el cambio de sexo y Minerva Citlalli Hernández (MORENA), Alejandra Lagunes Soto (PVEM) y Patricia Mercado (MC), apoyadas por Miguel Ángel Mancera (PRD), proponían incluir en el Código Penal  Federal un castigo de 1 a 3 años de cárcel a los padres de familia que les brindarán terapias para encausar a los menores hacia la heterosexualidad.

La polémica Norma 046 promotora del aborto adolescente

El 22 de enero del 2019 la diputada Deyanira Ozaeta Díaz (PT) junto a 8 integrantes de la llamada “marea verde” exigían que la Secretaría de Salud estatal promoviera la polémica norma 046-SSA2-2005 para obligar a clínicas y hospitales de Chihuahua a realizarles abortos a jovencitas sin necesidad del permiso de sus padres y sin necesidad de presentar una denuncia en caso de alegar ser víctima de violación. Todo esto “pisoteando” la patria potestad y la autoridad de las familias chihuahuenses.

Posteriormente el 8 de abril del 2019 se organizó en el mezzanine del Congreso del Estado un Foro para promover el aborto en Chihuahua donde varios asistentes defensores de la vida fueron reprimidos y se intentó expulsarlos del edifico a pesar de que la convocatoria era abierta al público.

 

¿Privacidad?, ¿Violencia digital?, ¿Adiós  al derecho a corregir?

Luego le siguieron otras propuestas encaminadas a “empoderar” a los menores edad, a quienes se les creaba el “derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación” (propuesto el 22 de octubre del 2019 por Marisela Terrazas Muñoz (PAN) para adicionarla a la “Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”).

Otra de estas maliciosas iniciativas dirigidas igualmente hacía la niñez fue la que pretendía ampliar los alcances de un “derecho a la privacidad” para que nada ni nadie los molestara en las actividades que realizaran en la intimidad de su habitación.

Una más fue la reforma que pretendió “eliminar el derecho a corregir” de los padres de familia alguna conducta inapropiada de sus hijos (27 de septiembre del 2018 por el PAN). También se intentó tipificar como delito grave la “discriminación” con penas contempladas de hasta 3 años de cárcel; La llamada “violencia digital” buscó penalizar a los padres que limitarán o restringieran el uso de internet a sus hijos.

“Adopción homosexual y la violencia obstétrica”

El miércoles 22 de mayo del 2019 se anunciaban las modificaciones a la “Ley de Adopciones” por parte de la Comisión de Juventud y Niñez encabezada por las diputadas Marisela Terrazas (PAN) y Deyanira Ozaeta (PT), esta última celebraba que ya en el Registro Civil de Chihuahua dirigido por Inés Martínez Bernal no se ponían trabas para entregar niños en adopción a parejas homosexuales o personas hombres o mujeres solteras.

Un día antes (21 de mayo del 2019) la diputada priista Rosy Gaytán proponía tipificar como delito la llamada “violencia obstétrica” ejercida en contra de mujeres embarazadas en los centros médicos, abriendo la puerta a denuncias contra los doctores que se nieguen a realizar un aborto contraponiéndose a la “objeción de conciencia”.

Posteriormente el 3 de diciembre  la diputada Ana Carmen Estrada García (MORENA), respaldada por Deyanira Ozaeta (PT) y Georgina Bujanda (PAN), pedían sancionar con penas de hasta 6 años de cárcel la llamada “violencia institucional” ejercida también en contra de las mujeres, razón por la cual se advertía que iba dirigida también en contra de personal médico que se negara a practicar el aborto.

Sociedad dio una “zarandeada” al Poder Legislativo

Todas estas, entre muchas otras, fueron las razones por las cuales la sociedad chihuahuense, enfadada y decepcionada de tanto absurdo, acudió al recinto legislativo y les dio una lección a sus representantes ante la constante andanada por debilitar jurídicamente la autoridad de los padres, socavar el concepto de la “patria potestad” y otros fundamentos de la Familia.

Fue así que durante la Clausura del Periodo Ordinario de Sesiones celebrada el jueves 30 de mayo del 2019, los diputados que se alistaban para aprobar diversos dictámenes y reformas a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, no sabían el tamaño del reclamo social que se les vendría encima ese día.

Lo que colmó la paciencia de los asistentes fue la pretensión de tipificar como delito a la “discriminación”  que sería castigada con penas de hasta 3 años de cárcel, lo que fue calificada como intento de “Ley Mordaza” por parte de padres de familia y dirigentes del movimiento “Cruzada por la Familia”, entre ellos José Medrano y Javier Valenzuela quienes encabezaron la resistencia para frenar este dictamen junto a Javier Ornelas.

Durante su gira por Chihuahua 4 semanas antes de tomar protesta como presidente de México (el sábado 20 de octubre del 2018), AMLO rechazó en 2 ocasiones portar la pañoleta celeste promotora de la campaña «Salvemos las 2 Vidas», misma que le fue proporcionada por jóvenes integrantes de «Cruzada por la Familia», dejando en claro desde un principio que su gobierno favorecería la imposición del aborto en todos los estados del país.

Acompañados de decenas de mujeres, madres y padres de familia, jóvenes y niños que se dieron cita para defender los valores y tradiciones de la sociedad chihuahuense, con sus brazos en alto, portando cartulinas y alzando su voz, lograron intimidar a los diputados quienes no se atrevieron a mantener los acuerdos previos para aprobar esa absurda penalidad y ante el asombro e incredulidad de los diputados de izquierda (MORENA y PT, principales interesados en su aprobación), lograron que se rechazara.

Esto ocurrió luego de varias horas que venían prolongando la presentación del polémico dictamen, elaborado por la Comisión de Justicia, cuando  finamente subió a la tribuna Román Alcántar Alvídrez (Diputado de MORENA, suplente de Gustavo de la Rosa Hickerson, del Distrito VII de Ciudad Juárez), fue quien recibió los abucheos y reclamos de las decenas de personas quienes advirtieron a los diputados que no estaban de acuerdo con su aprobación, por lo que muchos legisladores temerosos cambiaron de decisión y la mayoría ahí presente votó en contra (fueron 17 votos en contra  y sólo 8 a favor).

Si bien este hecho fue un importante triunfo para la sociedad y las agrupaciones profamilia chihuahuenses, lo que sucedió a continuación sería más trascendente y cobraría mayor importancia.

El “decreto anti-familia” que fue revertido en Chihuahua

Sin embargo en esa misma sesión, debido a la ambigüedad de las palabras y la falta de claridad del lenguaje jurídico utilizado en los proyectos legislativos, los diputados consiguieron aprobar la creación del ya referido “Derecho a la Autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad”, obtenido con una sospechosa y unánime mayoría de 30 votos a favor y cero en contra, pero que aún requería la validación de los Cabildos de al menos 20 municipios de los 67 que existen en el estado y que representasen el 51% de la población chihuahuense, trámite que tardaría al menos 40 días naturales a partir de que todos los ayuntamientos fueran notificados.

Fue ahí que en los días posteriores las valientes regidoras Catalina Bustillos y Martha Vega advirtieran que el Cabildo de Chihuahua capital aprobaría ese venenoso dictamen enviado por el Congreso del Estado que le abriría la puerta a la legalización del aborto, el uso de drogas, la eutanasia  y hasta la pedofilia, todas estas conductas amparadas en ese falso “derecho a la Autodeterminación y el libre Desarrollo de la Personalidad”.

Entonces varios integrantes del movimiento “Cruzada por la Familia” y otros actores interesados en defender los valores y la vida ordenada de la sociedad chihuahuense se dieron a la titánica tarea de dar la voz de alerta y explicarle a alcaldes y regidores los graves peligros de ese decreto número 0354/2019 II P.O., bautizado como la “Ley Antifamilia”.

Y así, “picando piedra”, “piano a pianito” como se dice coloquialmente, empezaron a convencer a varios de los 67 Cabildos, a pesar de que algunos municipios ya habían aprobado el dictamen, o en otros los regidores ya habían salido de vacaciones al concluir los periodos ordinarios de sesiones y eso les impediría reunir el quorum necesario para realizar las votaciones.

Sin embargo, casi de forma milagrosa, con el apoyo ademas de comunidades religiosas evangélicos y católicos, el esfuerzo empezó a dar frutos y consiguieron la respuesta esperada, poco a poc­o se logró hacer conciencia y el compromiso de varios alcaldes permitió convocar a reuniones extraordinarias en sus ayuntamientos para poder votar en contra de ese decreto y sumar la cantidad necesaria para revertirlo.

En otros casos fue gracias a elementos jurídicos estipulados en los artículos de la propia Constitución Política del Estado de Chihuahua les permitió a algunos municipios revertir el sentido de su voto que ya habían emitido y corregirlo para que quedara negativo, como fueron los casos de Chihuahua el 23 de julio, Delicias, Meoqui, Saucillo y otros, para que finalmente el lunes 29 de julio la histórica votación en el Cabildo de Ciudad Juárez (con 16 votos contra 3) dejara “sepultado” el polémico “Decreto Anti-familia” número 0354/2019 II P.O.

Último clavo al “Decreto Anti-familia”

Fue en la Sesión del lunes 26 de agosto del 2019, con nueve votos a favor y cero en contra, donde los diputados de la Comisión Permanente del Congreso del Estado dejaron sin efectos jurídicos el decreto número 0354/2019 II P.O., mejor conocido como “Ley Antifamilia”, mismo que generó controversia y polémica en diversos sectores sociales, pero que además marcó algo sin precedentes en la historia del Poder Legislativo de México, ya que fue la primera vez que un decreto de reforma aprobado previamente por los diputados del Congreso quedara revertido por los Cabildos de los ayuntamientos al fungir estos bajo la figura de “co-legisladores” autorizados para validar las reformas constitucionales. Sin duda algo digno de análisis para resolver futuras controversias.

En la sesión de ese histórico lunes, se presentó el resumen de los ayuntamientos que votaron en contra de la reforma realizada por el Poder Legislativo, donde los Cabildos con el sentido negativo sumaban casi 50 municipios y alcanzaron la contundente representación del 80% de la población en el estado (79.53 por ciento), lo que no dejaba lugar a duda de que la población chihuahuense repudia las leyes que destruyen los valores, la vida y la familia.