No hay cárceles para cumplir decreto de prisión preventiva oficiosa de la 4T

Chihuahua, Chih.- El especialista en análisis criminal chihuahuense José Carlos Hernández Aguilar explicó que el sistema penal mexicano se encuentra colapsado por la sobrepoblación que hay en los centros penitenciarios, asimismo por la falta de una verdadera reinserción social.

En relación al decreto que publicó el Gobierno de la República el pasado 31 de diciembre, donde impuso la prisión preventiva oficiosa en delitos, algunos no considerados como importantes; incluso violatorio a derechos humanos declaró para HBMNoticias.com.

«Creemos que, el nuevo constitucionalismo exacerbado en materia de prisión preventiva oficiosa, consignada en su artículo 19, además de sumamente violatorio a los derechos humanos perfectamente especificados en sus acuerdos y tratados internacionales, se encuentra diametralmente opuesto a la realidad del penitenciarismo mexicano, que de por sí se encuentra integral y completamente colapsado (económica y estructuralmente), no sólo por su sobrepoblación, sino por la llamada hipersobrepoblacion existente.

Veamos: Actualmente, en México se encuentra un estimado de 235 mil personas privadas de la libertad en todos los penales, ya sean federales, estatales, militares y especializados (los cuáles suman 331).

Más aún, que en nuestro país hay más de un millón de personas, en espera de un auto de vinculación a proceso (en prisión).

Ahora, el planteamiento obligatorio, es ¿Dónde alojar a todo ese conglomerado?. Tendríamos que crear, algo así como unos 314 penales más, para dar mediana cabida para tantas personas procesadas y sentenciadas que ya existen; las que están en espera de ese proceso vinculatorio y las que, estarán presas de acuerdo a esas reformas constitucionales y en sus leyes secundarias.

Empeorando el escenario, con las reformas constitucionales en ese rubro y más aún, con el caos que prevalecerá con la reestructuración total, ya sea política y administrativa, del poder judicial.

En ese sentido, podemos asegurar que tuvo que existir previamente, una muy seria armonización tripartita, entre sistema de justicia penal; sistema penitenciario y realidad criminógena en México.

Lamentablemente, y sin fatalismo subjetivos, esto traerá consecuencias jurídicas nacionales y hasta de carácter internacional en este mismo año, materializadas en amparos, faltas al debido proceso, quejas en materia derecho-humanista y hasta, muy seguramente, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, subrayó José Carlos Hernández Aguilar.