«Estos pedófilos están en las redes como estamos cualquiera de nosotros: para contactar entre ellos, pero también porque allí es donde están los críos«, afirma Madrigal. Y explica que van cambiando de red dependiendo cuál sea la preferida de los menores. «En este momento se mueven más por Instagram y Tik Tok, pero también en Facebook y en Twitter» que es donde hacen muchos de sus contactos entre pares y donde acuerdan hacer los intercambios de imágenes.
La idea de que todos estos pedófilos se esconden en la profundidad de la deep web está comenzando a cambiar y según algunos expertos en infancia, el nivel de permisividad de algunos usuarios, especialmente de los jóvenes que buscan clicks y likes, están haciendo que estos contenidos se distribuyan aún más.
Existen diversas palabras y hashtags con los que se reconocen, y las redes están plagadas de mensajes en los que abiertamente ofrecen o reclaman «Videos xxx de niños» o «fotos de niños desnudos» y de personas que responden pidiendo contactar por Whatsapp o Telegram para realizar el intercambio, mientras estos mensajes e incluso las fototrafías y los vídeos se quedan en las redes sociales durante años si nadie las denuncia explícitamente. «Todo esto ocurre de forma descarada», añade Madrigal.
Un drama viejo con un nuevo empuje
Ya antes de la pandemia diversas voces advertían de las alarmantes cifras y de la agresividad de las prácticas de estos abusadores de menores. La Internet Watch Foundation (IWF), un organismo que vela para que los contenidos que circulan en internet sean adecuados, eliminó sólo el año pasado un total de 132.700 páginas web en las que se mostraban abusos sexual hacia menores. Un 47% de las víctimas eran menores de 10 años de edad y el 92% de las imágenes compartidas eran de niñas. Esta organización afirma que elimina una imagen o un vídeo de un menor sufriendo abusos sexuales cada cinco minutos.
Según estimaciones de INTERPOL, hacia finales de 2019 la población masculina en Internet interesada sexualmente en preadolescentes podría haberse incrementado en 1.8 millones en comparación a un año antes y en 2018, las compañías tecnológicas globales reportaron más de 45 millones de de fotos y vídeos online de niños y niñas siendo abusados sexualmente.
El problema ahora se agudiza por la cantidad de menores conectados constantemente a diversas plataformas a lo largo del día. Unicef calcula que alrededor de 1.500 millones de niños y niñas en todo el mundo se han visto afectados por el cierre de colegios y que una gran mayoría de ellos continúan sus estudios y su socializan a través de plataformas online. Esto multiplica el riesgo de exponerse a la explotación online y al acoso. Además, el confinamiento y la distancia social ha potenciado algunas prácticas de los adolescentes, como el sexting (compartir material sexual a través de las redes sociales), lo que incrementa las posibilidades de que sufran sextorsión (una forma de explotación sexual que incluye el chantaje).
«Uno de los temas que han comenzado a preocupar es el incremento del material autoproducido, es decir, el que niños y niñas producen en sus habitaciones en los que sus padres piensan que están seguros, pero que pueden estar siendo atacados o presionados para que envíen fotos, vídeos o incluso para streamings online de contenido sexual», explica Almudena Olaguíbel, experta en políticas de infancia de UNICEF España.
Según esta experta, muchas de las redes, como Tik Tok están siendo utilizadas por niñas muy jóvenes lo que está incrementando el riesgo a ser captadas por pederastas. Según un cálculo conservador de diversos expertos y que lleva varios años sin actualizarse, en todo momento en Internet hay al menos 750.000 pedófilos intentando contactar con menores para obtener material sexual, aunque esta cifra puede haberse incrementado con los abusadores confinados en casa. «Esta pandemia está haciendo más accesible a los propios niños y está manteniendo a estos abusadores más tiempo en casa e intercambiando archivos con mucha más facilidad», advierte Olaguíbel.
La dificultad de perseguir el crimen
Perseguir este tipo de delitos no es sencillo. No se trata de un problema nacional, sino de ámbito global y las legislaciones y las prácticas empresariales van muy por detrás de la agilidad y la colaboración necesarias para atajarlo. En España, tanto Policía Nacional como Guardia Civil tienen unidades específicas que investigan y rastrean este tipo de delitos y la colaboración internacional se realiza con diversas instituciones, como la Interpol, que posee un departamento contra los delitos sexuales de menores en Internet.
Otra de las colaboraciones se hace con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC por sus siglas en Inglés), que es la institución a la que muchas de las redes sociales globales están obligadas a enviar sus informes sobre este tipo de delitos. Esta entidad sin ánimo de lucro, que recibe fondos oficiales y también de empresas como Facebook y Google, es la que facilita a terceros países con los que tenga convenios firmados los datos recogidos de la redes sociales globales. Es decir, los datos manejados por la Guardia Civil que atestiguan un importante incremento de este tipo de delitos provienen principalmente de esta fuente.
Lo que muchos expertos echan en falta, es una colaboración más directa de las grandes plataformas sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, etc con la justicia y las fuerzas de seguridad nacionales, a las que estas empresas no tiene obligación de facilitar información sobre este tipo de actuaciones llevadas a cabo en sus redes sociales, incluso, si detectasen que se trata de un español quien ha cometido dichos delitos.
«Estas redes no colaboran. Si la Policía española les pide algún dato a esas plataformas, para conseguirlo tienen que hacer una comisión rogatoria a Estados Unidos y dedicar dinero y un tiempo infinito. Un juez de aquí se tiene que comunicar con un juez de Estados Unidos para que le de un dato y esto no es muy operativo y no ocurre», explica Madrigal.
Nuestra legislación también parece laxa con este tipo de delitos. Si bien nuestro código Penal castiga «el mero uso o adquisición de pornografía infantil» y sanciona a quién acceda a ella «a sabiendas», las penas que se imponen suelen no ser disuasorias.
«El ciberacoso sexual infantil está regulado en en nuestro Código Penal y prevé penas de prisión o multa. Lo que vemos en la practica es que cuando en el Código Penal está la disyuntiva de penar con cárcel o multar, el juez casi siempre se decantan por esta segunda opción. Y como la multa va en función de la economía del reo, muchas veces queda en una pena ínfima que tiene un efecto disuasorio escaso o nulo», afirma Manuela Torres, experta en delitos contra la libertad e indemnidad sexual y vicepresidente de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Esta jurista, es partidaria de que en la ley contra las violencias sexuales, cuya tramitación se aprobó el pasado 8 de marzo, se incorpore un cláusula por la que se elimine del Código Penal la posibilidad de multar por estos delitos.
Torres también es partidaria de incluir en la legislación la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas, lo que incluiría a las plataformas de redes sociales como forma de exigirles una responsabilidad civil subsidiaria en este tipo de delitos.
Pero las soluciones no son sencillas. Tal como recuerda Madrigal estamos aplicando soluciones locales a un problema global. Uno de los temas clave es que los países tienen distintas legislaciones y en muchos de ellos grabar, publicar o transmitir materiales pedófilos no es delito.
En el mundo hay 130 países que no consideran la obtención y compatición de material sobre abusos sexuales a menores como un delito
Según un reciente informe de The WePROTECT Global Alliance, en el que participa Unicef, en el mundo hay 139 países en los que el acoso sexual a menores está regulado y prohibido y otros 130 que no lo tienen recogido en su legislación por lo que la filmación, tenencia o distribución de abusos sexuales a menores no está prohibida porque no se considera un delito. Armonizar una lucha global contra este tipo de prácticas en esta circunstancia se hace realmente difícil.
«Lo que hay que hacer es arreglar estos procedimientos y que las empresas sean responsables. Porque las redes sociales son un medio, no un gestor de contenido tal como lo entiende Estados Unidos, por lo tanto tienen que ser responsables del contenido que se publica. Hay más de 40.000 imágenes de abusos de menores. Es como si yo tuviera un bar y alguien se dedicara a trapichear con droga. Si entra la policía, me cierra el bar«, concluye Madrigal.
