Presentan ahora el desfalco en SCOP, SDUE, COESVI y JCAS

CHIHUAHUA.- Simulación de procesos, trato preferencial a constructoras,  nula transparencia y corrupción, marcaron el manejo de licitaciones y asignaciones de contratos de obra en la pasada administración, informó la secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del Estado, Norma Ramírez Baca al presentar el resumen de las irregularidades encontradas en su dependencia. Además de que le heredaron un adeudo de 430 millones de pesos en distintos proyectos de obra pública.

“El manejo de las licitaciones, asignación y contratación de obra, ha sido muy lejana a la transparencia.  Se ha dado trato preferencial y bajo condiciones poco claras, a constructoras que no cumplieron en tiempo, calidad y precios, además de que se asignaron obras bajo proyectos y presupuestos incompletos”, expresó la funcionaria.

Dijo que existen obras concursadas, con proyectos deficientes, lo cual obliga a hacer reajustes y reasignación de recursos, además de que ya se iniciaron auditorías por parte de la Secretaría de la Función Pública y se pidió su intervención al  Colegio de Ingenieros Civiles.

Explicó que los ejemplos más claros, son la fachada del Hospital de Oncología en Ciudad Juárez, que implicó un gasto de 59 millones de pesos, así como la primera etapa del Hospital de Especialidades, obra que presenta invasión por hongo y que fue oficialmente recibida en diciembre de 2015. Además, dijo, la obra del Centro de Convenciones de Juárez será auditada, para conocer si se justifica o no esa inversión.

En la Dirección de Construcción de Caminos, cada año se destinaron menos recursos. Hace 20 años las carreteras de Chihuahua eran reconocidas a nivel nacional y ahora se encuentran en pésimas condiciones. Sin embargo, dijo, en el caso de 33 unidades de maquinaria utilizada para dar mantenimiento a las carreteras, requieren de una inversión superior a los 3 millones de pesos en reparación.

Al hablar de la Dirección de Infraestructura Municipal, expresó que se cuenta con 154 unidades de maquinaria pesada, de las cuales 63 están en diversos municipios sin documentos que respalden por qué están ahí, desde cuándo y que trabajos realizan. Cincuenta y nueve de éstas tienen problemas mecánicos serios y se requiere de una inversión de al menos 4 millones de pesos para rehabilitarlas.

La titular de Comunicaciones y Obras Públicas, denunció también la falta de control administrativo y técnico en las actividades que desempeñaba la dependencia.

En 2016, la secretaría estuvo paralizada porque no había presupuesto para muchos de sus programas y actividades, aún así, fueron contratadas 80 personas adicionales a la plantilla, las compras se realizaron sin previsión y el combustible se asignaba sin ningún orden.

Ramírez Baca indicó que además, se encontraron diferencias significativas en los inventarios, por lo cual se debe hacer una auditoría mayor en almacenes, toda vez que se detectaron registros atrasados y graves faltantes. Comentó que se heredó un adeudo superior a los 35 millones de pesos, con proveedores diversos, y por lo que respecta a conservación de carreteras, se adeudan 51 millones de pesos.

Puntualizó que desde el primer día de la administración de Javier Corral, se ha trabajado en acciones como el bacheo de carreteras y el mantenimiento de los derechos de vía, rehabilitación de 3 mil 300 señales que estaban destruidas.

De igual manera, se elaboran actualmente los proyectos ejecutivos de puentes, proyectos de remodelación de centros comunitarios y en la construcción de por lo menos 50 nuevos centros en toda la administración.

Además, concluyó, se mantiene la red estatal de radiocomunicación, aspecto que resulta vital para los municipios más lejanos de la capital del estado y se trabaja en la excavación de zanjas, para instalación de líneas de agua y drenaje en diferentes municipios que deben resolver esa problemática para elevar la calidad de vida de los chihuahuenses.

Por ejercicio inadecuado de recursos federales heredaron procedimientos administrativos contra Chihuahua

Por ejercicio inadecuado de recursos federales en la anterior administración, Chihuahua enfrenta ahora procedimientos administrativos, y están en riesgos futuros apoyos, advirtió la secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología de Gobierno del Estado, Cecilia Olague.

“A la llegada a la Secretaría, nos encontramos varios proyectos que involucran transferencia de recursos federales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), inconclusos y totalmente liquidados al proveedor del servicio, situación que acarreó la instauración de procedimientos administrativos, y además podría generar el comprometer apoyos o convenios a futuro en perjuicio del estado”, dijo la funcionaria al presentar el estado en que recibió la dependencia.

Señaló que además, existe un convenio de coordinación entre SEDATU y Gobierno del Estado, destinado a la modernización y vinculación de los registros públicos de la propiedad y los catastros, en los que para su operatividad, se requería una cantidad de 16 millones 666 mil 666 pesos, de los cuales la Federación transfirió su parte correspondiente por un monto de 10 millones de pesos, pero al no cumplir el Gobierno de Chihuahua, la instancia federal envió diversos requerimientos, porque el proyecto ejecutivo de modernización del catastro, debió concluirse desde abril de 2015. No obstante, la administración actual ya trabaja en el plan catastral para los municipios, lo cual permitirá que obtengan mayores recursos.

La secretaria de Desarrollo Urbano, indicó que a pesar de la relevancia del cuidado del medio ambiente, no se había concluido el convenio específico de coordinación, para la ejecución del “Proyecto de Remediación del Pasivo Reserva Ávalos-Estudios de Evaluación de Riesgo Ambiental  y a la Salud Humana y proyecto Ejecutivo”, mediante el cual la Semarnat transfirió recursos presupuestarios federales por la cantidad de 9 millones de pesos para este proyecto, que presenta algunas irregularidades.

Explicó que el proyecto ejecutivo no se encontraba terminado, a pesar de habérsele pagado el monto total del mismo a la empresa responsable de realizarlo, a la que se liquidó el pago después de varias exhibiciones periódicas, por la cantidad de 8 millones 721 mil 087 pesos, el 31 de mayo de 2016.

Agregó que no se envió el reporte final  ni la carta-finiquito del Proyecto Ejecutivo a SEMARNAT y se detectó que el avance físico financiero del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 2015, no se encuentra firmado ni validado por las autoridades estatales responsables.

Cabe destacar que por ser este un tema muy sensible y al ser el pasivo ambiental de más relevancia social, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología ya trabaja en este asunto, y se requirió al consultor, para que de manera inmediata proceda al término del proyecto, a fin de estar en posibilidades de presentar la conclusión del mismo ante la Semarnat, así como de solicitar en un futuro, recursos federales para la remediación exitosa del sitio.

FONDO AMBIENTAL

En este rubro, la funcionaria expuso que los recursos no se orientaban a la realización de actividades para el mejoramiento del medio ambiente, toda vez que se le dio un giro completamente distinto al cual fue conformado, puesto  que el 81 por ciento del presupuesto del fondo, se destinó directamente a la nómina de empleados contratados, monto que asciende a una cantidad cercana a los 2 millones 700 mil pesos. Durante el proceso entrega-recepción, se tuvo conocimiento de personas de reciente contratación, incluso algunas con antigüedad de tan solo un mes.

Esta situación propició que se desatendieran requerimientos importantes, como el mantenimiento de la unidad móvil de monitoreo ambiental que ayudaría a conocer la calidad del aire que se respira en la ciudad capital, unidad que actualmente se encuentra en desuso y que requiere de una inversión de cerca de 750 mil pesos para estar en funcionamiento, señaló la secretaria.

ASIGNACIÓN DE LOTES

Cecilia Olague, informó que no se cuenta con reserva territorial suficiente en la capital ni en otras ciudades, situación que se agrava con el  hecho de que se asignaba más de un lote a una sola persona, lo que impedía apoyar a personas de muy escasos recursos que realmente lo necesitan y pone en evidencia un claro manejo de influencias en beneficio de ciertas personas, con intereses particulares. Dijo que ello, representó un claro incumplimiento a las reglas de operación de la Secretaría.

La titular de Desarrollo Urbano, dijo que actualmente se trabaja en la modernización, en los trámites en línea, con la política de cero papel, para una mejor atención al público, además de una mayor certeza en los tiempos de respuesta de la dependencia a la ciudadanía. “Los sistemas están obsoletos, lo cual resulta inadmisible en la época actual, con los adelantos tecnológicos que existen”, agregó la funcionaria.

Sufrió estado quebranto de 1,500 millones de pesos por venta irregular de reserva territorial

Durante la anterior administración de Gobierno del Estado, Chihuahua sufrió un quebranto patrimonial en su reserva territorial, por más de mil 500 millones de pesos, denunció el director de la Comisión Estatal de Suelo, Vivienda e Infraestructura (COESVI), Carlos Borruel.

Al rendir el informe sobre el estado actual que guarda su dependencia, el funcionario indicó que lo que antes era el Instituto de la Vivienda, funcionó como una inmobiliaria, y en términos conservadores, se puede decir que generó un quebranto de más de mil 500 millones de pesos, por la venta de más de la mitad de las reservas territoriales del estado, a precios muy por debajo no solo de los precios comerciales, sino incluso de los catastrales.

Explicó que mediante la localización de expedientes de algunos desarrolladores de proyectos inmobiliarios, se detectó que por lo general, las transacciones irregulares involucraban a dos empresas registradas “pero con un solo propietario y son terrenos que en los últimos años, han tenido  muchísima plusvalía comercial, sobre todo en la ciudad de Chihuahua y se están localizando otros de Ciudad Juárez”.

Una empresa ofrecía un precio y después se retiraba de la oferta para que la otra compañía del mismo dueño, postulara a un precio menor y así lograr cerrar la transacción, agregó.

El titular de COESVI, señaló que en menos de 30 días, se recuperaron 8 millones de pesos por adeudos de hace 10 años. Y hay otra recuperación por 17 millones que corresponde a adeudos, detectados a otras dos empresas.

Carlos Borruel anunció que para que esto no vuelva a ocurrir,  cada caso se va a turnar a la junta de gobierno de Coesvi, integrada por diferentes secretarías de estado, para que se efectúe una licitación inversa o subasta, en donde se asigne el precio comercial al terreno y éste se pueda vender a quien ofrezca más. “No es solamente denunciar, recuperar y fortalecer las finanzas de la comisión. También, habrá que poner candados para evitar este tipo de abusos que indignan y ofenden para que no vuelvan a cometerse”, expresó.

Señaló que además, esta dependencia descentralizada se recibió con una deuda de 592 millones de pesos, y sin recursos para cubrir la primera nómina; con 143 millones de pesos en cartera vencida; con la cancelación del contrato de recuperación de vivienda abandonada del Infonavit y en un total desaseo administrativo.

El monto de 592 millones de pesos, dijo, es producto de la deuda contraída por la administración en diciembre de 2010 por un monto de 800 millones de pesos. Al 15 de octubre de 2016, cuando se debía pagar la nómina al personal de la dependencia, “no había un solo peso”.

Agregó que los desarrolladores registraban un adeudo de 40 millones desde  2006 y 2007 “y por extrañas razones no se les hacía ningún cobro”. Otro adeudo existente por 14 millones de pesos corresponde a una operación por 17 millones también a dos empresas.

“Curiosamente cuando llegamos y no encontramos recursos, yo notifiqué a las empresas, que adeudaban los 14 millones, desde hace alrededor de dos o tres años. Me responden de inmediato, una de ellas está en Juárez y la otra en Chihuahua y los dos oficios vienen redactados exactamente igual, con las mismas comas, con las mismas palabras”, expresó.

En esa circunstancia, procedieron a detener el cobro de los 14 millones, se abocaron a investigar los avalúos y encontraron que estaban 8 o 10 veces por debajo del valor catastral, ni siquiera el comercial. “Entonces procedimos a hablar con los representantes legales de las empresas, inmediatamente empezaron a cambiar sus nombres en las actas constitutivas, los propietarios originales, cuando vieron que detectamos  la irregularidad”, explicó. Se les advirtió que esa situación  implicaba casos en materia penal y de otra índole y de inmediato fueron a firmar para la recuperación de 30 hectáreas con valor de 155 millones de pesos.

Mencionó que en lo que antes fue el Instituto de la Vivienda, se hacían ventas muy atractivas, porque pedían enganches del 5 por ciento y daban facilidades con abonos chiquitos para que los fueran pagando poco a poco. “Evidentemente que esto implicaba una corrupción, una complicidad de funcionarios y particulares, para estar actuando en forma muy ventajosa en perjuicio del patrimonio de los chihuahuenses y de este tipo de reservas”, señaló.

Agregó que localizaron un caso de la venta de 190 hectáreas, alrededor de 2012, con una empresa, a quien vendieron a un precio de 90 pesos el metro cuadrado. Tres meses después, la empresa dice que no tiene recursos y entra otra en la adquisición y en lugar de venderle a 90 pesos, le venden a 92, cuando el precio mínimo en esa zona era de 800 pesos el metro cuadrado.

“Si se multiplica 192 por 10 mil metros que tiene cada hectárea, se habla de 1 millón 920 mil metros cuadrados. Y si a cada metro cuadrado le sacaban juna utilidad de 750 pesos puede haber una recuperación de 2 mil millones de pesos”, señaló Borruel.

Agregó que cuando la administración a su cargo quiso activar el Programa de Vivienda Abandonada de Infonavit, detectaron que el anterior director, había mandado un oficio al Infonavit, pidiéndole la cancelación anticipada de ese convenio, en un acto que impidió seguir  con la recuperación de vivienda para entregar a los que más la necesitan.

Por: Redacción