Primera acción de la nueva autocracia en la CDMX: abolir la propiedad privada

México.- Este lunes 2 de septiembre se publicó la reforma al artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México. El único cambio consiste en eliminar el respeto a la propiedad privada como principio rector en la Constitución de la CDMX.

Texto anterior:
Artículo 3:
2. La Ciudad de México asume como principios:
a) «el respeto a la propiedad privada»

Nuevo texto:
Artículo 3:
2. La Ciudad de México asume como principios:
a) «el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos»

Este cambio puede tener las siguientes consecuencias:

1. Mayor control estatal: El cambio alinea la regulación de la propiedad en la Ciudad de México con los principios del artículo 27 de la Constitución Federal, que permite un mayor control estatal sobre la propiedad en términos de utilidad pública y social. Esto podría facilitar la expropiación o la intervención estatal en la propiedad privada para proyectos de interés público.

2. Reducción de protecciones para la propiedad privada: Al eliminar el enfoque explícito en la «propiedad privada», se podría interpretar que la protección de este tipo de propiedad se diluye, abriendo la puerta a interpretaciones legales que prioricen otros tipos de propiedad (como la propiedad social o comunal) o que permitan una mayor flexibilidad en la intervención estatal.

3. Posibles cambios en políticas urbanas: Esta reforma podría justificar políticas urbanas más agresivas en cuanto a la redistribución de tierras, la reconfiguración de espacios urbanos, o la promoción de vivienda social, al ampararse en la utilidad pública y social mencionada en el artículo 27.

4. Impacto en la inversión: Los inversionistas privados podrían percibir un mayor riesgo en la Ciudad de México debido a la disminución de las garantías explícitas sobre la propiedad privada, lo que podría afectar la inversión inmobiliaria y otros sectores relacionados.

5. Desafíos legales y constitucionales: Este cambio podría generar controversias legales, especialmente si se percibe que se vulneran derechos de propietarios privados, lo que podría llevar a litigios o incluso a intentos de revertir la reforma en el futuro.